DECRETO 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.

Sección:A - Disposiciones Generales
Emisor:VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
Rango de Ley:Decreto
 
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Como consecuencia de la Moción número 878 aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de noviembre de 2010 sobre la necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones Públicas, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas acordó aprobar la Resolución de 18 de diciembre de 2012 (“Boletín Oficial del Estado” de 15 de marzo de 2013). En síntesis, dicha resolución instaba al Gobierno a promover la elaboración y aprobación de un marco jurídico sustantivo y de procedimiento que completase y sistematizase el entonces vigente marco legal de los convenios de colaboración, tanto los que se suscriben entre Administraciones o entidades públicas como los que se suscriben con administrados, que formulase su concepto diferenciándolo de figuras afines, y que precisase sus ámbitos subjetivo y objetivo, así como los extremos que se habían de comprender en su contenido.

En consecuencia, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ha desarrollado un régimen completo de los convenios administrativos, que determina su contenido mínimo, clases, duración, extinción y asegura su control por el Tribunal de Cuentas.

Hasta la fecha el Acuerdo, de 16 de octubre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban criterios de coordinación de actividad convencional de la Comunidad de Madrid, ha venido dando un tratamiento unitario y ordenado a las instrucciones que han de seguirse en la tramitación, formalización y registro de los convenios administrativos suscritos por la Administración de la Comunidad de Madrid.

Si bien, la práctica y experiencia de estos últimos años aconsejan revisar determinadas cuestiones relativas a la tramitación y registro de los convenios suscritos por la Administración de la Comunidad de Madrid, como son las relativas al uso de medios electrónicos por las Administraciones Públicas tanto en sus relaciones entre sí como con los ciudadanos, según se recoge en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Entre otras cuestiones, en el presente decreto se establece la obligación de remitir electrónicamente al registro los convenios y protocolos y se acortan los plazos de las secretarías generales técnicas para solicitar su inscripción. Todo ello redunda, sin olvidar la debida protección de datos de carácter personal, en la transparencia de la actividad convencional de la Comunidad de Madrid que tiene su reflejo en la publicidad que se otorga a los convenios suscritos en el Portal de Transparencia, así como en el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.

En su actividad convencional la Comunidad de Madrid se regirá por los principios generales previstos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como por los principios previstos en el artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse en los términos previstos en el artículo 4 de la misma.

Asimismo, debe tenerse en cuenta el artículo 4 de la Ley 8/1999, de 9 abril, de Adecuación de la Normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El artículo 8.2 del Decreto 87/2018, de 12 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, atribuye específicamente a su Secretaría General Técnica la canalización de las relaciones institucionales de la Comunidad de Madrid no residenciadas en otros centros directivos. Asimismo, se le asigna la competencia relativa al registro de los convenios celebrados por las consejerías, sus organismos autónomos y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.

El presente decreto es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El principio de necesidad queda salvaguardado ya que la iniciativa está justificada por razones de interés general con el fin de contar con un marco normativo actualizado que regule la actividad convencional en la Comunidad de Madrid. Asimismo, quedan claramente identificados los fines perseguidos de disponer de una única norma que regule esta materia de forma que facilite la tramitación a los órganos promotores, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento del principio de eficacia. En cuanto al principio de proporcionalidad, se trata de una disposición que pretende facilitar la gestión, pero tratando de contener únicamente la regulación imprescindible evitando la reiteración de preceptos ya contenidos en la legislación estatal de carácter básico. La propuesta es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto nacional, como de la Unión Europea, y supone dar respuesta a la necesidad de un marco normativo estable, respondiendo así al principio de seguridad jurídica. Desde la perspectiva del principio de transparencia, la presente propuesta normativa ha sido objeto de publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, sin que se hayan presentado alegaciones. Por último, su aprobación no supone el establecimiento de cargas administrativas innecesarias a los ciudadanos, por lo que es acorde con el principio de eficiencia.

En la elaboración del presente decreto se han tenido en cuenta las observaciones remitidas por las secretarías generales técnicas de las consejerías. Asimismo, se ha sometido al trámite de audiencia e información pública y han emitido informe la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos y la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con el artículo 21 g) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, corresponde al Consejo de Gobierno la competencia para aprobar el presente decreto.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente, Consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, “de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid”, el Consejo de Gobierno previa deliberación en su reunión del día a 10 de junio de 2019.

DISPONE

Artículo 1

Objeto y ámbito subjetivo

El presente decreto tiene como objeto determinar el procedimiento que ha de seguirse para la tramitación, formalización, registro y, en su caso, remisión a la Cámara de Cuentas y a la Asamblea de Madrid de los convenios que celebre la Administración de la Comunidad de Madrid, así como los organismos autónomos, entidades de derecho público y demás entes de la administración institucional cuya naturaleza jurídica sea de derecho público.

Artículo 2

Definición y acuerdos excluidos

  1. Tendrán la consideración de convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por la Administración General de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, entidades de derecho público y demás entes de la Administración Institucional cuya naturaleza jurídica sea de derecho público, con otras Administraciones públicas, entidades de derecho público, universidades públicas o con sujetos de derecho privado para la consecución de un fin común.

  2. El presente decreto no será de aplicación a los siguientes negocios jurídicos:

    a) Protocolos generales de actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general previstos en el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con la salvedad prevista en el artículo 7.

    b) Encomiendas de gestión reguladas en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, salvo que sean entre entes pertenecientes a distintas administraciones y se formalicen mediante convenio, en cuyo caso les será de aplicación el presente decreto en lo que no se oponga a su normativa específica.

    c) Acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos.

    d) Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados regulados en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

    e) Convenios y pactos elaborados conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

    f) Convenios expropiatorios previstos en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

    g) Los convenios cuyo objeto sea instrumentar las condiciones de una subvención proveniente de programas de gestión directa de la Comisión Europea, regulados por derecho europeo.

  3. A los convenios urbanísticos y a los convenios patrimoniales regulados por la legislación urbanística y patrimonial les será de aplicación el...

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